La rendición Denise Dresser

 La historia lo consignará como el momento de la rendición. El momento cuando Andrés Manuel López Obrador bajó la cabeza, encogió su investidura, y claudicó ante el Ejército que él mismo empoderó. Fue el 27 de julio durante la mañanera, cuando aseveró que el Sexto Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes era una "opinión" con la cual no estaba de acuerdo. Y luego acusó una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. El Presidente que había prometido llegar a la verdad, decidió sabotearla cuando se acercó demasiado a los aliados con los cuales cogobierna. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas reconoce que son intocables, incluso por él. La voluntad de esclarecer sucumbió ante el imperativo de proteger. La promesa de justicia terminó traicionada, como tanto más en este sexenio.

Habrá quienes esta semana celebrarán las cifras de disminución de la pobreza, con sesudos artículos subrayando los logros de esta administración. Exaltarán cómo -mínimamente- se cierra la brecha dolorosa de la desigualdad. Pero callarán sobre la mancha deshonrosa que el gobierno no quiso limpiar. Guardarán silencio sobre un caso sombrío que trasciende las fronteras de Ayotzinapa, de Iguala, de Guerrero, por la inalterable impunidad transexenal. En México desaparecen a 43 estudiantes, y no pasa nada. En México la FGR, la Sedena y la Marina fabrican culpables, torturan a imputados, construyen escenas del crimen y no pasa nada. En México, las Fuerzas Armadas mienten, espían, destruyen evidencia, se rehúsan a comparecer, se niegan a entregar información y no pasa nada. Seis Informes detallados del GIEI, producto de una pulcra investigación, exhiben las resistencias que no ceden. AMLO afirma que se ha roto el pacto de silencio, cuando su gobierno lo volvió a firmar para los militares.

Ahí sigue, protegido, el general Salvador Cienfuegos. Ahí siguen, protegidos, los titulares de la Marina. Ahí sigue, protegido, Peña Nieto, el promotor de la "verdad histórica". El fiscal invisible, Alejandro Gertz, no se para por la institución que dirige, y despacha -cuando lo hace- en bata desde su casa. La Fiscalía ha obstaculizado detenciones, ha dejado huir a personas clave, ha avalado métodos ilícitos, ha actuado de manera indolente o indebida. Sabemos que la noche del 26-27 de septiembre de 2014, ocurrió un operativo con 7 ataques a los estudiantes y a otras personas que intentaban salir de Iguala, y que el trasiego de drogas era el contexto y el motivo. Sabemos que las policías federales, estatales y municipales, junto con miembros de Guerreros Unidos llevaron a cabo las agresiones y que hubo comunicación y coordinación constante entre diferentes grupos y corporaciones del Estado mexicano, incluyendo la Sedena, y los Batallones 27 y 41. Sabemos que hubo militares presentes e involucrados, que existía un Centro Militar de Inteligencia y que la Sedena ha mentido al respecto. El Cisen estaba enterado de lo que ocurría en tiempo real.

El caso inconcluso de Ayotzinapa exhibe ámbitos clave del Estado cooptados por la criminalidad o por la militarización. La mentira se ha institucionalizado, como respuesta ante lo incómodo, ante lo que el Presidente ya no está dispuesto a hacer. Ante la realidad de militares perpetradores o cómplices de la desaparición forzada, AMLO no quiere o no puede actuar. El resultado es el mismo. Otro Presidente acorralado por criaturas del Estado -hoy son las Fuerzas Armadas- a las cuales les da cada vez más poder, negocios, y protección política aunque sea a costa del pueblo. Porque los padres de los 43 son pueblo doliente, que clama reunirse con un Presidente indiferente. López Obrador abre las puertas de Palacio Nacional a abuelas de la Plaza de Mayo, pero no a víctimas de violencia en su propio país. Ellos y ellas yacen en la cuneta de la historia.

Como sentencia el GIEI, México no puede tener una democracia más saludable o un país con menos violencia si no encara la colusión entre narco criminales y autoridades del Estado. Si deja crecer a grupos que actúan al margen de la ley, y sólo presume el descabezamiento o encarcelamiento de algunos de sus líderes. Frenar el contubernio requeriría un Presidente que pusiera alto a criminales organizados dentro del Estado, aunque estén vestidos de verde. No un Presidente que se hinca ante ellos, les besa los pies, y les lava las manos.